El 19 de marzo tuvo lugar el encuentro ‘Los derechos humanos en la actividad internacional de las empresas’ organizado por la Fundación Foro de Foros, en el que participó Pablo López Gil, director general del FMRE, junto a Juan José Durán, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Autónoma de Madrid; Enrique Fanjul, socio de Iberglobal y miembro del Comité de Reflexión del Club de Exportadores y del Observatorio de Inteligencia para la Internacionalización; Rafael Ruiz-Villar, coordinador del Comité de Reflexión del Club de Exportadores y presidente de la Plataforma de Proyectos Sociales. El encuentro fue moderado por Georgina Higueras, directora de Foro Asia, y tuvo lugar en la sede de Aledra Legal.
Este panel de expertos abordó los aspectos que se reflejan en la directiva europea sobre diligencia debida, que establece normas para las empresas sobre los efectos reales y potenciales sobre el medio ambiente y los derechos humanos en la cadena de valor, que abarca tanto a los socios comerciales de los eslabones anteriores de la cadena de producción, como a las actividades posteriores como la distribución o el reciclado. También se debatió sobre el reglamento para la prohibición en el mercado de la Unión de los productos realizados con trabajo forzoso.
¿Cómo se percibe esta normativa entre las empresas españolas y europeas? ¿Afecta a su competitividad en ámbitos fuera de la UE? ¿Están las empresas preparadas para asumir sus requisitos y obligaciones? ¿Existe un apoyo real de los consumidores a este tipo de iniciativas? ¿Están dispuestos a pagar más por ello en este contexto de inflación? Estas fueron algunas de las cuestiones abordadas por los ponentes, que coincidieron en la necesidad de una mayor sensibilización acerca de esta nueva legislación.
Juan José Durán comentó que si bien la cohesión de las sociedades se basa en la existencia de derechos compartidos “el respeto a los derechos humanos y la responsabilidad corporativa de las empresas han tenido una evolución desigual y lenta. Desde 2005, Naciones Unidas ha instado a las empresas a respetar y proteger los derechos humanos, tanto en sus matrices como en sus proveedores y sus cadenas de valor. Las empresas tienen ese deber, es algo que debe estar en sus estrategias”.
Durán añadió que “la adopción de criterios ESG ha ido marcando la actividad de las empresas. En esta actividad, las ONGs han desarrollado un papel esencial denunciando el comportamiento de algunas compañías, ya que existen muchas diferencias en lo que marca la ley entre países más y menos desarrollados. Las empresas han ido adoptando también códigos de conducta responsable, que han concernido a sus cadenas de valor que pueden ser internas o externas”.
Para Pablo López Gil, “existe cierta preocupación entre las empresas por la cantidad de normas y reglamentos que ha dado lugar a la expresión de tsunami regulatorio y hasta qué punto este contexto afecta a la competitividad de la empresa en un momento en el que estamos hablando de autonomía estratégica europea. Percibo también una cierta dualidad, por un lado, las grandes multinacionales, que llevan años trabajando en estos aspectos, y las pymes que tienen un mayor desconocimiento. Es necesario un tiempo de adaptación a esta normativa. Hay una sensación de que no se escucha a las empresas en el proceso regulatorio”.
López Gil añadió que habría que dilucidar “si la adopción de este tipo de estándares que benefician a la reputación de productos europeos, donde son compartidos este tipo de valores, son realmente apreciados por consumidores del mercado global donde se venden estos productos y servicios”.
Enrique Fanjul señaló que “el nuevo texto que rebaja mucho la propuesta anterior y debe aprobarse por definitivamente antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Han cambiado los umbrales para la aplicación de esta normativa de manera que afectaría a las grandes multinacionales y también cambian los sectores de alto riesgo, como la minería y la agricultura, que han desaparecido. Obliga a las empresas a investigar su cadena de suministro directa e indirecta, no solo tus suministradores, sino también a los suministradores de estos últimos. Se han ampliado también los periodos de aplicación”.
Para Fanjul “lo más deseable sería una adopción voluntaria de estos estándares, pero a veces los resultados pueden no ser los óptimos por lo que sería necesaria cierta regulación. Una cierta normativa es conveniente que establezca ciertos parámetros, siempre que se acoja a la realidad de las empresas y para concienciar a estas empresas de que asuman compromisos”.
Por su parte, Rafael Ruiz-Villar comentó que “esta legislación solo se aplica en la UE, de ahí la dificultad de pedir estándares iguales a todos los eslabones de la cadena de valor y seguir la trazabilidad de los productos, algo que parece prácticamente imposible. Sería más sencillo que las empresas que trabajan en el ámbito internacional sean conscientes de las repercusiones que su actividad en el exterior tiene en la población y en el entorno físico y natural de otros países. Hacer una normativa que afecta solo a los países UE implica partir de una situación de clarísima desventaja. Nadie está en contra de una directiva para el respecto de los derechos humanos, pero seamos conscientes que si no se aplica de manera general esto va a implicar una diferencia en la capacidad de competencia de las empresas muy grande. Las pymes pueden verse afectadas en la medida en que son las proveedoras de estas grandes empresas. Puede haber por tanto un impacto indirecto en su actividad”.
Durante el debate se abordaron también otros aspectos, como el posible limbo de los productos importados y la falta de rigor en los controles; y si los países en desarrollo entenderán el impacto de estas normativas para atraer inversiones en sus territorios, además de la posible deslocalización de empresas en países terceros en favor de otros del ámbito UE. También se habló del posible encarecimiento de productos que este tipo de deslocalizaciones acarrea y si el consumidor europeo está preparado para apreciar este tipo de diferenciación, basada en valores como la ética y la sostenibilidad, a un precio mayor.
